A través de la diputada Nora Lagunes exigen reintegro de inversiones y sanciones a las autoridades municipales.
Xalapa, Veracruz
Durante la comparecencia de la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), Delia González Cobos, la diputada local Nora Jessica Lagunes Jáuregui solicitó a nombre de los habitantes de varias comunidades de Comapa, emprender nuevas auditorías técnico-financieras a obras catalogadas como fraudulentas o “fantasma”, a fin de que se sancione a las autoridades responsables y se obligue a su reintegro.
La legisladora panista de igual forma, demandó poner atención especial al reporte que la Secretaría de Fiscalización del Congreso de Veracruz, realizó el año pasado sobre el desempeño financiero de Comapa, y en el cual se evidenció un quebranto superior a los 14 millones de pesos, sin ser solventado apropiadamente, a fin determinar la cuantía del daño a las arcas municipales y de los habitantes, y se informe de éste a la Comisión Permanente de Vigilancia.
Lagunes Jáuregui, denunció ante la Auditora General que las autoridades de Comapa han incurrido en acciones graves, constitutivas de delitos penales, como la falsificación de firmas de habitantes en actas de entrega recepción de obras, en falsedad para justificar conclusión de las mismas aportando archivos fotográficos que no corresponden a las acciones señaladas, y a la simulación de acciones.
Dijo que una de estas acciones, corresponde a la obra de ampliación electrificación en la colonia Mirón, en la comunidad de Boca del Monte, con una inversión de 455 mil 600 pesos en el 2017 y a la cual se le ha dado seguimiento durante el 2019, misma que fue reportada por el ayuntamiento como terminada y a más de dos años sigue sin operar.
Sobre el particular, la autoridad local presentó acta de entrega-recepción del contratista al ayuntamiento y de éste a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con fecha del 10 de octubre de 2017, además, se anexó archivo fotográfico correspondiente a otra comunidad y no a la señalada. ¿Qué sanción se aplicó por el ORFIS porque la autoridad municipal falseó información, además, de que la obra no funciona?, cuestionó.
“En la localidad de Cimarrón, se presentó una situación similar donde se reportó la obra con terminación 51, de 2017, denominada rehabilitación de sistema de agua potable en la cual habitantes presentaron denuncias por que no existe físicamente, de igual forma, la autoridad presentó un acta de revisión física afirmando que estaba por terminarse, anexando firmas de la ciudadanía avalando dicho supuesto, no obstante, los firmantes rechazaron haber suscrito dicha acta”, precisó.
Entre el 2016 y 2017, abundó, en la comunidad El Platanal se anunció obra de introducción de agua y para lo cual se compraron dos bombas, la primera supuestamente costó 200 mil pesos y tras instalarse se perdió por la crecida del río, la segunda afirman se instaló, sin embargo, la población afirma que de esto, nada existe.
Ante el primer planteamiento de la diputada, la titular del ORFIS afirmó que durante el 2019 se impuso una sanción de 600 UMA´s, equivalente a unos 50 mil pesos a las autoridades municipales por la ampliación de electrificación, no obstante ante algunos visos en la revisión, se ordenó una nueva auditoría financiera presupuestal y de carácter técnico a la obra pública que permita conocer a ciencia cierta cuál es la realidad que impera en relación a esas obras en dicho municipio.
“En relación a obras hidráulicas, se mencionó que esas ollas de agua existían pero como no había llovido, no se podía apreciar la manera en que funcionaban. No obstante, tenemos la disposición para hacer una nueva auditoría y el compromiso es que se dará a conocer el resultado a la Comisión de Vigilancia, una vez que se haya concluido”, expresó la Auditora.
En una segunda ronda de preguntas, la legisladora Nora Lagunes abundó que en el 2019, la autoridad comapeña retomó una de las obras hidráulicas señaladas, sin embargo, el problema es que están utilizando la misma manguera de hace tres años y que estuvo a la intemperie, aunada a que no se está cumpliendo en campo, con la calidad de la misma.
“La CAEV no dio el catálogo de conceptos de la obra y en campo no se está cumpliendo lo aprobado para darle validación. Ya se tiene esa información, por lo que sería importante tomar en cuenta porque sería un doble acto de corrupción cuando se hace reintegro por parte de la autoridad y se ordenó su realización, en el 2019 se retomó pero los ciudadanos están reportando que se está enterrando una manguera en malas condiciones y sobre todo, se está pidiendo cooperación a la gente para remediar un acto de corrupción”, lamentó.
Sostuvo que en relación a Comapa, existen muchos reportes de irregularidad y fraudes en la obra pública, como una olla de captación de agua en Nacaxtle donde sólo agarraron una “mano de chango” e hicieron un hoyo sin cumplir con las especificaciones técnicas, por lo que no representa beneficio alguno.
En su momento, agregó, presentaron un documento de una entidad que no correspondía, validando los supuestos trabajos, esta obra es importante porque tengo entendido que el ORFIS la tenía como fallida, por lo que habría que valorar información cómo se pretende solventar algo que no está funcionando, es un tema delicado.
Una denuncia más, corresponde a la realización de 20 obras de vivienda, puesto que en el 2016 y 2017 la autoridad municipal junto con otros funcionarios fueron denunciados por pedir entre 10 y 15 mil pesos a los beneficiarios, porque fue una promesa de campaña.
¿Cómo podría el ORFIS confrontar ese padrón de beneficios?, porque dice la alcaldesa que puede utilizar recursos municipales para esas obras, pero son obras que estarían respondiendo a la demanda ciudadana que ella tiene, por haber perdido recursos para financiar una campaña política; en su momento, se hicieron los señalamientos ante la Fiscalía General además, de que sería muy delicado que el ORFIS valide este tipo de acciones.
Delia González Cobos afirmó, que dichos casos estarán integrados en el informe que se entregará la Comisión de Vigilancia, comprometiéndose a obtener la información del padrón de beneficiarios a fin de determinar las situaciones que se deberán atender en la auditoría.